Tokenización en Bélgica y los Países Bajos.

En Bélgica, la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) supervisa la emisión y distribución de instrumentos financieros, incluidos los security tokens amparados por MiFID, y los criptoactivos según MiCA desde la entrada en vigor de dicha regulación. La FSMA publica periódicamente advertencias sobre proveedores que operan al margen de la supervisión o que no aclaran el estatus legal de su token.

Para un inversor belga, esto significa que una oferta regulada de un valor tokenizado debe gestionarse a través de una empresa de inversión o entidad de crédito autorizada, con la correspondiente obligación de folleto cuando proceda. Los proveedores autorizados únicamente en el extranjero no pueden realizar captación activa en Bélgica sin cumplir con la normativa local.

En los Países Bajos, la Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) y De Nederlandsche Bank (DNB) se dividen la supervisión: la AFM se centra en la supervisión de la conducta y en determinar si un token se rige por la legislación de valores o por MiCA, mientras que el DNB supervisa los aspectos prudenciales en las instituciones con licencia bancaria que emiten o custodian tokens por sí mismas. Desde la entrada en vigor de MiCA, los proveedores de servicios de criptoactivos necesitan una licencia de la AFM para ciertos servicios y del DNB para otros.

La AFM ha señalado reiteradamente el riesgo de que los inversores minoristas evalúen de forma errónea el estatus legal de un producto tokenizado, especialmente cuando el marketing sugiere un producto de ahorro garantizado cuando en realidad se trata de un producto de inversión con riesgo.

En los Países Bajos, las inversiones tokenizadas suelen encuadrarse en el denominado box 3, donde se tributa sobre una rentabilidad ficticia del patrimonio en lugar del rendimiento real, a menos que resulten aplicables las normas sobre el rendimiento real. La calificación legal de un token como valor mobiliario no altera en principio esta consideración: lo que importa es la naturaleza económica del activo, no su forma técnica.

En Bélgica, el tratamiento fiscal de las ganancias de capital en inversiones suele ser más favorable para un inversor minorista que no opera de forma profesional, a excepción de las retenciones a cuenta sobre rendimientos distribuidos como intereses o dividendos. También aquí es la naturaleza económica subyacente del producto tokenizado, y no la tecnología blockchain en sí, la que determina la calificación fiscal.

En ambos países es aconsejable conservar la documentación que acredite lo que representa legalmente un producto tokenizado, ya que esto puede ser relevante para la declaración de la renta o una inspección fiscal.

En ambos países, las instituciones y los actores profesionales han sido hasta ahora los principales usuarios activos de la tokenización, por ejemplo a través de proyectos piloto en el marco del Régimen Piloto DLT o estructuras de fondos tokenizados para clientes institucionales. El acceso de los minoristas a los valores tokenizados sigue siendo limitado y suele articularse a través de un número reducido de plataformas reguladas.

Para un inversor minorista en Bélgica o los Países Bajos, esto significa que la oferta sigue siendo relativamente reducida en comparación con los productos de inversión tradicionales, y verificar minuciosamente la licencia y la estructura legal de un proveedor sigue siendo tan importante como en un producto de inversión convencional.