Normativa sobre criptomonedas en Suiza y Dubái.

Suiza no regula los criptoactivos mediante una ley específica, sino que aplica en gran medida la legislación financiera existente, permitiendo que el supervisor FINMA evalúe caso por caso en qué categoría se encuadra un token: token de pago, token de utilidad o token de inversión. Esa clasificación determina qué reglas se aplican, desde la normativa contra el blanqueo de capitales hasta una licencia bancaria completa para las entidades que reciben depósitos.

Alrededor del cantón de Zug, conocido como «Crypto Valley», surgió desde los primeros años de los proyectos blockchain un conglomerado de empresas emergentes, fundaciones y proveedores de servicios que se beneficiaron de una combinación de seguridad jurídica, una estructura de fundaciones estable y un supervisor que ofrece claridad previa mediante las denominadas cartas de no objeción y directrices.

Es importante señalar que la FINMA no es necesariamente más permisiva que los supervisores europeos; los requisitos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y al capital pueden ser igual de estrictos. La diferencia radica principalmente en la previsibilidad y la rapidez para obtener claridad, así como en el hecho de que Suiza no es un Estado miembro de la UE y, por tanto, queda fuera del marco de MiCA.

Dubái optó por un enfoque diferente: una autoridad creada a tal efecto, VARA, que se ocupa exclusivamente de los activos virtuales y opera de forma independiente respecto a los supervisores financieros generales del emirato. Esto permite adaptar la normativa específicamente a los criptoactivos en lugar de reinterpretar la legislación existente, lo que agiliza los procesos pero también implica que el marco es relativamente reciente y aún está en fase de perfeccionamiento.

VARA opera con varias categorías de licencias para, entre otros, plataformas de negociación, servicios de custodia y actividades de asesoramiento, cada una con sus propios requisitos de capital y gobernanza. Dubái también se promociona con zonas económicas independientes que ofrecen incentivos fiscales y regulatorios adicionales a las empresas que se instalan allí, lo que refuerza su atractivo para los actores internacionales.

La contrapartida es que la supervisión y la jurisprudencia tienen una trayectoria más corta que en Suiza o la UE, lo que hace que usuarios y empresas dependan más de la actuación práctica de la autoridad que de un amplio historial de ejecución.

Ambas jurisdicciones combinan una administración relativamente compacta con la ambición de atraer capital y talento internacional. Esto se traduce en supervisores que colaboran activamente con el sector, plazos de tramitación de licencias más breves que en bloques más grandes y una visión en la que la innovación en criptoactivos es bienvenida siempre que se respeten las normas básicas de prevención del blanqueo de capitales y protección del consumidor.

Al mismo tiempo, una licencia en Suiza o Dubái no concede automáticamente acceso al mercado de la UE. Una empresa que opere desde Zug o Dubái y desee prestar servicios en la UE debe seguir cumpliendo con MiCA o trabajar a través de una entidad autorizada en la UE, al igual que cualquier otro tercer país.

MiCA se diseñó deliberadamente como un marco armonizado para 27 Estados miembros simultáneamente, con una licencia válida en toda la UE una vez aprobada. Este amplio alcance conlleva plazos de aplicación más largos para las nuevas normas y menos margen de desviación para los Estados miembros de forma individual. Suiza y Dubái operan como jurisdicciones únicas y, por tanto, pueden avanzar con mayor rapidez, pero sus normas solo son aplicables en un único territorio.

Para los usuarios, esto implica que una licencia en Suiza o Dubái no garantiza el mismo nivel de protección que una licencia MiCA en la UE; los requisitos precisos relativos, por ejemplo, a la custodia de fondos de clientes y la resolución de litigios deben comprobarse de forma independiente según la jurisdicción.