La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos.

La SEC (Securities and Exchange Commission) considera que una parte de los tokens criptográficos son valores (securities) y les aplica la legislación de valores existente. Si un token se considera un valor o no, se evalúa mediante la prueba de Howey, que analiza si los compradores invierten dinero en una empresa común con la expectativa de obtener ganancias derivadas principalmente del esfuerzo de terceros. Como resultado, muchos tokens emitidos a través de ventas a inversores caen bajo el ámbito de la SEC.

La CFTC (Commodity Futures Trading Commission) supervisa los derivados y trata a ciertas criptomonedas, incluido bitcoin, más como una materia prima (commodity) que como un valor. Esto genera una supervisión superpuesta y a veces poco clara: una misma empresa puede enfrentarse a ambos reguladores dependiendo del producto que ofrezca y de cómo se clasifique legalmente dicho producto.

Esa ambigüedad ha impulsado en los últimos años una serie de acciones judiciales contra plataformas de intercambio y emisores, centradas a menudo en si una determinada oferta debería haberse registrado como un valor. Para los usuarios, esto significa que el estado legal de un token puede variar según el momento y el regulador implicado, lo que exige precaución en las plataformas de EE. UU.

Más allá del nivel federal, cada estado tiene la potestad de establecer sus propias normas para las empresas que ofrecen servicios cripto a sus residentes. Nueva York es conocida por su BitLicense, una licencia independiente que las empresas deben obtener para operar en el estado, con requisitos estrictos en materia de capital, custodia y cumplimiento normativo. Otros estados aplican reglas de transmisión de dinero más ligeras o sus propios marcos específicos para criptomonedas.

Para una empresa que aspire a operar en todo el país, esto implica generalmente verificar los requisitos de licencia estado por estado, lo que eleva la barrera de entrada para los proveedores más pequeños. Por ello, algunos estados han intentado atraer empresas activamente con un régimen más laxo, creando cierta competencia entre estados.

El IRS (Internal Revenue Service) considera las criptomonedas como propiedad a efectos fiscales, no como dinero. Esto significa que cada venta, intercambio o gasto de criptomonedas puede ser en principio un hecho imponible en el que las ganancias o pérdidas se calculan respecto al precio de compra. Los contribuyentes estadounidenses deben realizar un seguimiento y declarar estas operaciones, incluso en transacciones pequeñas.

En los últimos años se han introducido también obligaciones de información para los intermediarios, comparables a las obligaciones bajo la directiva DAC8 en la UE. Los intermediarios y plataformas de EE. UU. deben transmitir los datos de las transacciones de los clientes a la autoridad fiscal, lo que aumenta la visibilidad de los activos cripto para el IRS.

Las monedas estables (stablecoins) han recibido una atención específica en EE. UU. debido a que su escala y su uso como medio de pago las hacen relevantes para la estabilidad financiera. Se han propuesto iniciativas legislativas que crearían un marco federal para los emisores de monedas estables, con requisitos de reserva y supervisión en cierto modo comparables a las reglas para tokens de dinero electrónico según el Reglamento MiCA en la UE, aunque los detalles exactos difieren.

Hasta que dicho marco federal esté completamente establecido, las principales monedas estables referenciadas al dólar operan en una posición intermedia, quedando sujetas en parte a la legislación estatal y en parte a la supervisión financiera según la estructura del emisor.

Para los usuarios de la UE, las políticas de EE. UU. tienen consecuencias indirectas: las grandes plataformas de intercambio y emisores a menudo ajustan sus políticas globales en función de las acciones judiciales estadounidenses, y las monedas estables en dólares reguladas en EE. UU. se utilizan ampliamente fuera de su territorio. Quienes utilicen plataformas internacionales harán bien en seguir la evolución de la política estadounidense, incluso sin estar directamente bajo su jurisdicción.

También conviene señalar que la normativa de EE. UU. es independiente del Reglamento MiCA: un token considerado como un token de utilidad exento en la UE puede seguir siendo clasificado como un valor en EE. UU. y viceversa. No existe un reconocimiento mutuo automático entre ambos sistemas.